Los que les cuento en las líneas que vienen a continuación no es un cuento chino. Desgraciadamente es la pura realidad de cómo ha funcionado una entidad financiera.
Había una Caja de Ahorros, hoy desparecida consecuencia del buen hacer de sus gestores e incorporada a un banco de los que quedan en el panorama español a través de los sucesivos procesos de fusión y reestructuración bancaria que tenía una singular forma de actuación en lo que se refiere a la cancelación de sus hipotecas.
Debían pensar que el negocio bancario existía hasta sus últimas consecuencias y que tenía una especie de derecho de pernada, por cualquier actuación que tuviesen que realizar en materia de préstamos hipotecarios.
Consistía en lo siguiente. Una vez una persona conseguía pagar su préstamo hipotecario y quería cancelar su hipoteca, la respuesta era que tenía que dejar una provisión de fondos por una cuantía elevada, para asumir los costes de cancelación, vulgarmente llamados de Notario. Si no se entraba por el sistema no había fórmula de cancelar la hipoteca.
Para evitar que hubiese personal de banca díscolo que se saltase el sistema llegaron a quitar, de las facultades que son las habituales en los poderes de los empleados de banca, la de cancelar hipotecas, que quedaban concentradas en mandos intermedios y/superiores de la entidad, tipo jefes de zona o provinciales.
El sistema era especialmente perverso en aquellos casos en que una persona vendía una vivienda, y con cargo al importe que recibía pagaba la cantidad restante del préstamo hipotecario, pues para esa caja de ahorros, el sistema seguía vigente, de modo que contra la recepción del dinero el representante de la citada caja no otorgaba escritura de carta de pago, que es la práctica habitual, sino que entregaba como justificante de pago fuese un documento interno, (administrativo lo llaman en terminología bancaria), lo cual es contrario a los principios de lealtad que debe de presidir la relación entre entidades financieras.
Que es lo que escondía todo este sistema. Pues muy sencillo, un juego de comisiones. Todas las escrituras de cancelación de hipoteca de esa entidad se concentraban en pocos notarios, a las que la caja cobraba una comisión, por llevarles las escrituras; y todas las escrituras se gestionaban a través de una única gestoría que pertenecía a propia caja, que cobraba unos honorarios muy por encima del valor de mercado para tales actuaciones, imponiendo de esa manera servicios no solicitados a quienes pedía la cancelación de sus hipotecas.
El sistema quedó más o menos oculto cuando las cancelaciones de hipoteca devengaban el impuesto de acto jurídico documentado, pues con el coste del impuesto era facil encubrir los demás gastos. Empezó a quebrar cuando el impuesto desapareció, y realmente estalló, cuando los honorarios notariales y registrales fueron reducidos enormemente en materia de cancelación de hipotecas, pues los notarios canceladores, con tales precios no cubrían el pago de la comisión que les cobraba la entidad por llevarles las escrituras de cancelación de hipoteca.
¿Es lícita la actuación de esa caja?. A mi juicio, la actuación rezuma ilegalidad e inmoralidad por todas partes. Pero, estoy cansado para hacer una valoración, ya que solo quería exponer los hechos.
